El sector de frutas y hortalizas aboga por la sostenibilidad de los envases hortofrutícolas, como pieza destacada en el respeto medioambiental. Aunque la legislación promueve el impulso de los embalajes renovables, reciclables y biodegradables como el cartón, el papel o la madera, es preciso un cambio para una mayor implementación, puesto que los productores están sujetos a los requerimientos de las estructuras comerciales. Algunos estudios cifran en 200 millones las pérdidas anuales que para la producción española de frutas y hortalizas supone la imposición de determinados envases.

Con esta intención, el vicepresidente de Proexport, Javier Soto, y el director general, Fernando Gómez, han participado en un debate con distintos expertos en el Observatorio 'Envases agrícolas a examen: rentabilidad y sostenibilidad' organizado por elEconomista, del que se extrae la importancia de ofrecer libertad a los productores para elegir el embalaje de sus productos y de lanzar mensajes a la clase política para que ponga fin a determinados sistemas que encarecen el precio de los alimentos y perjudican al campo, además de al medio ambiente.

En este sentido, el presidente del Instituto para la Producción Sostenible, José Cabrera, señala que es preciso que los dirigentes políticos hagan posible el desarrollo de medidas para impulsar la economía circular sostenible. "Hay un interés económico, que significa 200 millones al año según los estudios, que han salido del bolsillo de los agricultores y esto se debe corregir", sostiene Cabrera.

Esas pérdidas, además, como resalta el consultor Ramón Tubío y coautor de Análisis comparativo de costes: Embalajes de cartón ondulado versus Pool de plástico reutilizable, se trasladan a la sociedad en forma de recursos más bajos para "la innovación, al desarrollo de mercados, al empleo y a la renta disponible del campo español".

A su juicio, se produce un "buen agujero" en la facturación por los mayores costes que tienen las cajas de plástico frente a las de cartón. Las primeras, según explica, se tienen que alquilar y en muchas ocasiones su tamaño no es el adecuado para el envío o la exportación, con lo que los productores se ven obligados a "transportar aire". Los envases de plástico, asimismo, soportan un coste de depósito por pérdidas o roturas, que alcanzan hasta los 3,86 euros por unidad y tienen una vida menor a los 50 usos, algo que las hace menos eficientes frente a las de cartón, que se vuelven a introducir en la cadena a un determinado precio a través del reciclado.

Según el análisis llevado a cabo hace unos años por este experto para Proexport y Coexphal, las pérdidas para el campo con la utilización del plástico alcanzan los 194 millones de euros. Además, pone el acento en que el etiquetado de las cajas de plástico es más costoso e impide la "creación de marca" por parte de los productores.

Para el director general de Proexport, Fernando Gómez, este último hándicap es lo que se denomina "intangibles muy tangibles" que se suman al resto de pérdidas. Gómez subraya que es necesario que se hable de este asunto y que la gran distribución arrime el hombro, máxime cuando los estudios apuntan a un daño medioambiental más elevado con el uso del plástico frente al cartón u otros materiales. "Sería impensable que los dos grandes pools del plástico hayan cogido el tamaño que tienen sin el concurso de la gran distribución".

Medio ambiente

Por ello, el director de Proexport ve imprescindible que las autoridades investiguen y que den "libertad" a los productores de frutas y hortalizas "para elegir el envase pensando en el cliente último, que es el consumidor". "Estamos viendo que la sociedad está yendo por delante, que la distribución y nosotros desde hace tiempo nos queremos subir a ese tren, porque luego será la sociedad, que cada vez está más sensibilizada, la que juzgue", señala.

En este sentido, el vicepresidente de Proexport, Javier Soto, apunta que la discusión se debe llevar a "si el embalaje es más o menos sostenible y si es el que requiere el consumidor final". Por ello, ve oportuno que los organismos como Bruselas intervengan, además de que los productores, que están muy diseminados, se organicen para modificar la estructura del sistema de la distribución.

Según un estudio encargado por IPS al catedrático de la UPV, Salvador Capuz, las cajas de cartón emiten "menos emisiones de CO2 que las de plástico reutilizables", en alguno de los casos analizados hasta un 70% menos. Sus datos se basan en las emisiones en la exportación de seis productos a Francia y Alemania y en el número de usos de los embalajes. A su juicio, "dado el problema del cambio climático, el efecto del transporte es clave para determinar el impacto en la huella de carbono de emisiones de efecto invernadero en función de la selección de un tipo de envase u otro".

De la misma manera opina Benjamín Faulí, coordinador nacional de la Sectorial de frutas y hortalizas de Asaja y responsable ante el Grupo Diálogo Civil de Frutas y Hortalizas de la Comisión Europea. Faulí, lamenta que las autoridades comunitarias "no entren en estos temas" y tengan "atados de pies y manos a los agricultores". Según manifiesta existe un monopolio en los pools de plástico en la gran distribución. A su juicio, Bruselas debería analizar cómo ese monopolio puede derribarse, aunque se muestra poco optimista.

El consejero delegado de Coexphal, Juan Colomina, también se muestra favorable a que las autoridades pongan orden en los envases agrícolas. Colomina defiende que lo que se debería hacer es que se "deje funcionar al mercado de manera natural, porque el cliente manda, pero no puede imponer un proveedor concreto como está sucediendo". El responsable de Coexphal denuncia, además, que existen pagos "sospechosos" y "poco justificados" en la cadena de distribución de los productos hortofrutícolas que habría que "desmantelar".

Colomina es consciente de que la posición de los productores es "muy débil", por lo que pide que las soluciones vengan de la administración. Cree que el sector español cuenta con algunos aliados en Europa, pero también que la voluntad para que se modifique la estructura es "nula". "Si los gobiernos quieren intervenir pueden hacerlo por cuestiones medioambientales, de salud pública y económicas", sentencia el consejero delegado de Coexphal.